A principios de este mes, el presidente del Jurado Nacional de Elecciones, Enrique Mendoza Ramírez, presentó la propuesta de un Pacto Ético Electoral que busca garantizar la calidad ética y cívica de los comicios, el respeto recíproco entre las organizaciones participantes, el voto informado del elector y una campaña centrada en propuestas, ideas y programas.
Todo ello, sin ninguna duda, ha de fortalecer la democracia y elevar el debate político. El Acuerdo Nacional se sumó a la convocatoria y propuso que el pacto lleve el nombre de Domingo García Rada, presidente del JNE, víctima, el 24 de abril de 1985, de un atentado terrorista en el que falleció su chofer Segundo Navarro Silva. Pese a que logró sobrevivir, el serio daño sufrido finalmente acabó con la vida del ilustre magistrado meses después. Como consta en el Informe de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el acto criminal constituyó un gravísimo ataque al sistema democrático y constitucional. L a agresión se inscribía en un proyecto de destrucción de las instituciones y los principios democráticos. Recordemos que la primera incursión terrorista tuvo lugar cuando se realizaban las elecciones de 1980. Dicha acción fue dirigida contra la esencia misma del sistema democrático: el respeto a la decisión del otro. L as elecciones libres y el voto secreto como actos de fundamental significación política y social, también propician el compromiso individual, la reflexión, la toma de conciencia y la expresión de sentimientos personales. L a cruel insistencia de quienes desprecian la opinión ciudadana apuntó también a quien garantizaba que fuese respetada. L a propuesta del Acuerdo Nacional es el justo homenaje a un cabal representante de una institución fundamental para la democracia. El pasado jueves tuvo lugar otro hecho de importancia. El canciller Manuel Rodríguez Cuadros, y el coordinador residente del Sistema de Naciones Unidas en el Perú, Martín Santiago-Herrero, suscribieron el acta de validación del marco de asistencia para el desarrollo para el período 2006-2010. El documento, que permitirá la acción conjunta de las organizaciones, planes y programas de las Naciones Unidas, señala las áreas de cooperación con el Perú articulándolas con las políticas de Estado del Acuerdo Nacional y los lineamientos del Plan Nacional para la Superación de la Pobreza.
L a conjunción de propuestas de alcance global como los objetivos de desarrollo del milenio con las políticas nacionales definidas como prioritarias por los representantes del Estado, los partidos y las organizaciones de la sociedad civil, constituye un valioso instrumento de trabajo. El Perú ha sido clasificado como un país de renta media baja y desarrollo humano medio. Sin embargo, persisten bolsones de pobreza que encierran realidades equiparables a las de los países que tienen los índices más bajos de desarrollo humano. L imitaciones de tipo estructural conspiran contra la realización de nuestras potencialidades. Es menester tomar conciencia de que la pobreza debe ser comprendida en el contexto de la desigualdad y la exclusión que están en su base. De allí que sea imperativo impulsar la democratización social, fortalecer la institucionalidad democrática y modernizar la economía. En el acta suscrita, los aportes de la comunidad internacional convergen hacia el horizonte de desarrollo trazado por los compromisos asumidos por los partidos políticos, las organizaciones sociales y el Gobierno con el país en el Acuerdo Nacional .
Max Hernández
Secretario Técnico del Acuerdo Nacional
Fuente: El Comercio – OPINIÓN
Fecha: Lunes 07 de Marzo de 2005
