En su mensaje de 28 de julio, el presidente Toledo planteó que el Acuerdo Nacional se ocupe antes de 90 días del futuro de la reforma constitucional -paralizada por el Congreso desde mayo de 2003- de acuerdo a un esquema que contemple una de tres posibles opciones.
La primera y más simple sería que el actual Congreso reanude hasta completarla la reforma constitucional paralizada. Como se recordará, esta reforma se encuentra avanzada en un 88%, faltando unos cuantos acuerdos sobre temas puntuales para darla por concluida. El Congreso podría acometer esta tarea, aprobar el texto en dos legislaturas ordinarias consecutivas y dar al próximo gobierno un marco constitucional renovado.
La segunda opción es que se otorgue facultades constituyentes por seis meses al Congreso que se elija. El problema de esta opción es que el gobierno que ingrese el 2006 vería su ímpetu frenado porque el debate constitucional postergaría la discusión de leyes urgentes, algo que ya sucedió en cierto modo durante el actual gobierno y acabó paralizando la reforma.
Por eso resulta de gran interés evaluar la variante propuesta por la doctora Lourdes Flores, que consiste en que el actual Congreso apruebe un retorno a la bicameralidad, con un Senado pequeño y de elección nacional, al cual le serían confiadas durante seis meses facultades constituyentes, luego de las cuales se convertiría en Senado ordinario.
La ventaja de esta solución, siempre según la lideresa de UN, es que los partidos e independientes podrían conformar sus listas para el Senado integrándolas con juristas y profesionales muy destacados en la perspectiva de un próximo debate constitucional. Y no sería necesario convocar a la elección de una Asamblea Constituyente, ahorrándose el país ese gasto extraordinario, pues el punto quedaría resuelto en la elección de 2006.
Finalmente, la tercera opción, que viene siendo reclamada por algunas instituciones como el CAL, por partidos políticos como PR y por centrales sindicales como la CGTP es la convocatoria inmediata a la elección de una Asamblea Constituyente, la cual debatiría y promulgaría la nueva Constitución antes de las elecciones de 2006.
Esta solución presenta un problema de tiempo y de plantear una situación que algunos consideran políticamente riesgosa, cual es la coexistencia en forma paralela de un Congreso ordinario y de una Asamblea Constituyente, la cual es una institución jerárquicamente superior -por su condición de tal- y en teoría podría tomar decisiones como la disolución del Congreso. Las experiencias recientes de coexistencia -una en Ecuador, otra en Colombia- generaron una serie de choques entre ambos poderes.
Por otra parte, tiene razón el actual presidente del Congreso al declarar que corresponde al Legislativo tomar cualquier decisión al respecto. Pero no la tiene al negar al Acuerdo Nacional la potestad de analizar el problema y pronunciarse por una opción que considere positiva para el país, la cual sin duda sería alcanzada al Congreso.
Es claro que se entienden las declaraciones del doctor Flores-Aráoz, pues como UN se ha negado tercamente a reintegrarse al Acuerdo Nacional, pues corre el riesgo de quedarse fuera de un debate sobre alternativas para proseguir con la reforma. Pero si el AN logra una decisión que sea -tal como lo indica el ex presidente Valentín Paniagua- representativa no sólo de los partidos, sino de todas las instituciones que participan en su seno, pues no se ve la razón que impediría que se pronuncie sobre este tema.
Lo que no puede tolerarse es que por la falta de visión o incapacidad de nuestra clase política para llegar a un acuerdo continuemos rigiéndonos por la írrita Constitución dada por la dictadura, aprobada en un referéndum fraudulento. Ese baldón a la democracia debe terminar.
Fuente: La República – EDITORIAL
Fecha: Viernes 30 de julio de 2004
