El inminente inicio de la campaña electoral para los comicios generales del próximo año es motivo para algunas reflexiones. El Acuerdo Nacional es un compromiso de los partidos políticos, las organizaciones de la sociedad civil y el gobierno, con la nación.
Concebidas en un espacio de diálogo y concertación, las políticas de Estado del Acuerdo Nacional reflejan una visión compartida del futuro en función de un proyecto de desarrollo en democracia. Aun cuando el Acuerdo no tiene otro carácter vinculante que la palabra empeñada por quienes lo han suscrito –hasta la fecha 15 partidos y 1 movimiento regional–, es de elemental consecuencia que estas políticas formen parte de los planes de gobierno de quienes aspiran a gobernar el país.
¿La coyuntura electoral, que debe ser ocasión no solo para la renovación de autoridades sino para el fortalecimiento del sistema democrático de partidos, se presenta en momentos de tensión política y social. La gobernabilidad del país exige el compromiso democrático de todos: gobierno y sociedad, partidos políticos y organizaciones de la sociedad civil, Estado y ciudadanos, de mantener la continuidad de las políticas de Estado. Una discusión informada de los planes de gobierno, que permita un debate político sustantivo, es imprescindible para la construcción de una democracia de ciudadanos y ciudadanas que trascienda la mera aritmética electoral y afirme las instituciones de la democracia representativa.
La dispersión electoral parece anunciar un escenario de gobierno complejo y fragmentado. Esto hace necesario preservar el espacio de diálogo y concertación sobre aspectos sustantivos de la conducción del Estado que ofrece el Foro del Acuerdo Nacional. En el entendido de que las propuestas electorales solo adquieren pleno sentido dentro de una lógica de largo alcance, las políticas del Acuerdo Nacional pueden proveer los insumos para un programa nacional de desarrollo. Su implementación con miras al bicentenario de nuestra independencia demanda una dedicación concertada y permanente.
El clima de diálogo respetuoso y concertación responsable que ha primado en las actividades del acuerdo, cuyas tareas han requerido más de 25 mil horas de trabajo/hombre (mujer), sin contar aquellas dedicadas a la elaboración de las matrices y los talleres descentralizados, ha sido uno de sus logros más importantes y menos visibles. Dirigentes políticos, sindicalistas, empresarios, profesionales, religiosos, etc., han trabajado ad honórem en estrecha colaboración con autoridades y funcionarios públicos. Una mayor conciencia de la necesidad de políticas de Estado, el ejercicio de un diálogo incluyente y un mayor conocimiento de los actores entre sí han permitido superar las barreras subjetivas que limitan la apertura en el diálogo y el reconocimiento de coincidencias para la construcción de una visión compartida de futuro mayores de las que se pensaba.
No cabe duda de que existe un divorcio entre las dirigencias y las bases de las organizaciones que han participado del Acuerdo Nacional. Esto ocurre tanto en las organizaciones de la sociedad civil como en los partidos políticos, y puede explicar la desproporción entre el esfuerzo invertido y las expectativas y necesidades del país. Un ejemplo de ello está dado por lo que ha ocurrido en más de una circunstancia con los partidos políticos integrantes del foro y sus congresistas, quienes a veces parecen gozar de grados de autonomía de acción incompatibles con la noción misma de partido político y que los hace no sentirse comprometidos con los acuerdos tomados por sus organizaciones.
Los problemas de exclusión, pobreza y desigualdad son muy graves y es urgente su solución. El establecimiento de prioridades en las políticas de Estado del Acuerdo Nacional y su ordenamiento secuencial pueden dar cuenta de lo específico de cada plan de gobierno sin menoscabo de la identidad propia de cada partido. Un plan de gobierno propuesto en serio debe contemplar estrategias realistas y coherentes de mediano y largo plazo, de modo que las decisiones de política, incluidas las que se refieren a la asignación de recursos públicos, sean consonantes con sus líneas maestras.
La preservación de las capacidades humanas de los peruanos y peruanas debe ser la meta primordial de todo plan de gobierno. Ello exige propuestas claras en torno a las políticas de salud, nutrición y educación. Uno de los grandes objetivos del Acuerdo Nacional, la competitividad y la productividad del país, apunta al crecimiento y la producción de riqueza. Pero la tarea va más allá. Mejorar la calidad de vida de nuestra sociedad será posible si el despliegue de las capacidades económicas y tecnológicas de las empresas y de las instituciones se conjuga con los otros tres grandes objetivos del Acuerdo Nacional: democracia y Estado de derecho, equidad y justicia social y eficiencia, transparencia y descentralización del Estado.
Fuente: El Comercio – OPINIÓN
Fecha: Domingo 11 de Septiembre de 2005
