Los resultados finales de la primera vuelta electoral nos han confirmado lo que ya sabíamos: el Perú será muy difícil de gobernar durante los próximos cinco años. Sólo uno de los tres primeros candidatos ha obtenido más del 25% de los votos emitidos. En todo caso, cualquiera sea el ganador no tendrá mayoría en el Congreso; es muy probable que buena parte de los presidentes regionales y alcaldes a elegirse en noviembre sean de oposición, y es seguro que las demandas sociales continuarán multiplicándose con cada vez más estridencia. A esto se une la previsible desaceleración de la economía mundial en los próximos dos o tres años que limitará el crecimiento económico y reducirá el margen de maniobra del futuro gobierno.
Todos coinciden en que un gran acuerdo entre quien gane la segunda vuelta, los partidos en el Congreso, las fuerzas políticas que han quedado fuera de él, y los dirigentes de organizaciones gremiales, sindicales, regionales, profesionales y de base, será imprescindible para garantizar ls gobernabilidad democrática. Suponiendo que las expresiones conciliadoras de Ollanta Humala y Alan García reflejen una verdadera voluntad de concertar, y que estén dispuestos a moderar los apetitos predatorios de sus militantes, es necesario identificar las tareas mundanas de Gasfitería política que harán realidad este gran acuerdo.
En primer lugar, el próximo Presidente tendrá que definir el espacio que reservará para sus militantes en el sector público y qué ámbitos pondrá a disposición de quienes respondan al llamado de concertación. Esto debería ser más fácil en un partido disciplinado como el APRA que para el variopinto conglomerado PN-UPP, pero el ejemplo de los gobiernos regionales apristas que coparon sus administraciones no permite ser optimista. Mientras mayor sea el espacio para los militantes, menor será la posibilidad de convocar a personalidades con la capacidad de garantizarle éxito al futuro gobierno.
Segundo, es necesario consolidar el Acuerdo Nacional (AN) como espacio para lograr consensos operativos sobre la dirección que tomará el país durante los próximos años. Se trata de evitar confrontaciones estériles e imposiciones autoritarias, instaurando una manera dialogante y respetuosa de hacer política. Para esto es preciso independizar el AN de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), evitar enredarse en debates sobre temas que corresponden al Congreso o al Poder Ejecutivo, y contar con la participación activa y el liderazgo personal del Presidente de la República.
Tercero, convertir a la PCM en la entidad coordinadora y orientadora de la ejecución de las políticas públicas y en el principal interlocutor gubernamental con el Congreso. El Primer Ministro y el Presidente del Congreso deben tomar conjuntamente la iniciativa para formar coaliciones parlamentarias que apoyen medidas legislativas sobre temas claves identificados en el AN y priorizados por el gobierno. Para esto, la PCM debería tener voz en la Mesa Directiva del Congreso que define la agenda parlamentaria.
Cuarto, establecer el Centro de Planeamiento Estratégico (CEPLAN) como instancia técnica para transformar los acuerdos en estrategias, políticas y programas viables, vinculándolos estrechamente con la formulación del Presupuesto Nacional y con el Sistema Nacional de Inversión Pública. Para esto es preciso institucionalizar los procesos de consulta contemplados en la ley de creación del CEPLAN, particularmente con las entidades académicas, profesionales y gremiales.
Quinto, separar las funciones normativas y las operativas del Consejo Nacional de Descentralización (CND). El CND debe ser una entidad de coordinación, consulta y apoyo a los gobiernos regionales y locales, encargada de promover la creación de capacidades de gestión política, administrativa y financiera en estas instancias descentralizadas. Sus funciones normativas y de evaluación deberían desplazarse hacia el Consejo de Ministros.
Por último, para devolverle a la ciudadanía la confianza en el gobierno y la democracia es preciso escoger sólo dos o tres temas prioritarios en los que se puede obtener resultados en unos seis meses, y en los cuales sería posible lograr consensos operativos entre las fuerzas políticas. Iniciativas en salud básica, nutrición infantil, caminos rurales, reconversión agropecuaria y reforma del sector público estarían entre los temas que combinan importancia con viabilidad. Al mismo tiempo es preciso sentar las bases políticas para reformas de mediano y largo plazo que requieren una inversión significativa del escaso capital político de que dispondrá el nuevo gobierno, en particular la reforma educativa y la creación de capacidades en ciencia, tecnología e innovación.
Fuente: Caretas
Fecha: Jueves 27 de abril de 2006
