“¿Por qué tardamos en adoptar una política de Estado capaz deexpulsar los rezagos del terrorismo?”
El título de esta columna podría llevar al lector a preguntarse qué tiene que ver la evaluación docente con el control del territorio nacional.
Hay una poderosa razón que vincula una cosa con otra.
En efecto, el pasado viernes el Acuerdo Nacional sorprendió a todo el mundo extrayendo de su mesa de decisiones el sólido apoyo de todos los partidos políticos a la evaluación de los maestros, dentro del marco legal aprobado por el Congreso que establece, entre otras cosas, cambios fundamentales en los estándares de calidad de la educación.
La CGTP terminó, como siempre, coludiéndose gremialmente con el Sutep en contra de la evaluación magisterial. Fue la expresión disonante del Acuerdo Nacional que, por primera vez en mucho tiempo, sacó a luz una política de Estado en medio de un precario balance de ausencia de estas, incluso frente a las graves coyunturas políticas y sociales.
Sería la mejor noticia del año que, por el lado del Gobierno y del Congreso o del Acuerdo Nacional, y mejor aún, del lado de todos los poderes juntos, emergiera una política de Estado comprometida con el control del territorio nacional en el oriente, donde la iniciativa esforzada del Gobierno no se traduce hasta hoy en una ofensiva militar-policial combinada de gran envergadura, capaz de recuperar lo que hoy, innegablemente, constituyen zonas liberadas por el terrorismo y el narcotráfico.
Se necesitaría que el mismo consenso nacional que respalda hoy en día la evaluación del magisterio sirviera para desarrollar sin más una bien definida política antisubversiva y antinarcóticos.
¿Qué es lo que haría falta hacer de manera crucial? ¡Qué Allan Wagner y Pilar Mazzetti se pongan de acuerdo –con la misma intensidad y decisión que expresaron anoche– para desempolvar las propuestas que un día dejaron en Palacio de Gobierno los ministros Aurelio Loret de Mola y Fernando Rospigliosi, sin que pudieran implementarlas!
Se trataba de la propuesta de una fuerza combinada militar policial para encarar a la otra fuerza combinada que desafía nuestro territorio y nuestra estabilidad política y social: el narcotráfico y el terrorismo.
Wagner y Mazzetti tienen que saber vencer miedos, vacilaciones y resistencias en una decisión de esta índole. No es fácil empujar a sus comandos de aquí y de allá a una cruzada de la que ambos deben ser responsables, como buenos generales de campo.
Y tan importante es el compromiso militar-policial como el compromiso político, en el cual el Gobierno y el Congreso están obligados a dejar por ahora los cuchillos largos de sus batallas de interpelación.
Fuente: El Comercio
Fecha: Martes 19 de diciembre de 2006
