El reciente llamado del Presidente García a los líderes de la oposición para que asistan al Consejo de Ministros tiene un objetivo concreto: se trata de que expongan sus criterios sobre la fusión y/o reducción de los 82 programas sociales y los 69 organismos públicos descentralizados. Dijo García: “Estoy seguro de que los señores ministros tendrán mucha satisfacción de escucharlos y de integrar criterios, para ver cómo hacemos una política más bien consensual”.
La discusión comenzaría, entonces, por el tema del “achicamiento del Estado”, lo cual produciría “un importante ahorro”, que se estima en 400 millones de soles. Con toda la importancia que esto tiene, en verdad se está poniendo la carreta delante de los caballos, pues no se trata de discutir un punto de la agenda, sino, como dice el Acuerdo Nacional en su 5ta política de Estado: “Nos comprometemos a impulsar las acciones del Estado sobre la base de un planeamiento estratégico que oriente los recursos y concierte las acciones necesarias para alcanzar los objetivos nacionales de desarrollo, crecimiento y adecuada integración a la economía global” (www.acuerdonacional.gob.pe).
El punto de partida es, entonces, tener metas claras de mediano y largo plazo para crecer, educarnos, tener salud y reducir la pobreza. En su Plan de Gobierno, el APRA, aparte de plantear, como tema # 1 la restitución actualizada de la Constitución de 1979, dijo que había que “institucionalizar el Acuerdo Nacional (AN) en un Consejo Nacional de Concertación” (p. 14).
En su Plan, el APRA dice lo mismo que el AN: “se propondrá una nueva Ley Orgánica del Poder Ejecutivo (LOPE) que considere la implementación del Centro de Planificación Estratégica (CEPLAN)”, que actuaría “como Secretaría Técnica del Consejo Nacional de Concertación, tendría a su cargo el SNIP reorganizado y descentralizado”. También que, una vez desactivado el Consejo Nacional de Descentralización (CND), “sus funciones fueran transferidas al CEPLAN” (p. 16).
Pero el CEPLAN no aparece por ningún lado. Si lo tuviéramos, se hubiera comenzado discutiendo los problemas del proceso de descentralización que acaban de mostrarnos con toda su crudeza la incapacidad del Estado, en todos sus niveles, para ejecutar el “shock de inversiones”.
Tampoco se ha aprobado aún la LOPE por el Consejo de Ministros, cuyo objetivo es definir claramente las funciones y responsabilidades del Poder Ejecutivo, para que no haya cruces ni duplicaciones con las de los gobiernos regionales y locales (establecidas en sus Leyes Orgánicas). Por tanto, no es lo más apropiado comenzar por las absorciones y fusiones de los OPDs y los programas sociales.
Pero hay también otras reformas sobre las cuales ya no se habla. Ciertamente, es importante el ahorro y la reducción del gasto, como el que ahora se propone. Pero, ¿acaso no es tanto o más importante aumentar los ingresos tributarios? Sin embargo, en este caso el gobierno ha cedido a las presiones de los grupos de poder y ha postergado la reforma tributaria, en particular la eliminación de las exoneraciones del pago del impuesto a la renta al sector financiero, habiéndose incluso reducido el Impuesto a los Activos, que grava a las grandes empresas.
Se ajusta a los de abajo y se afloja a los de arriba, lo que nos dice que no hay equidad. Se prioriza el ahorro en los OPDs y se dejan pasar los transatlánticos de las exoneraciones tributarias a los que más tienen.
No obstante lo anterior, hay una posibilidad de apertura del juego político para que los partidos (bastante aletargados en la última etapa, por cierto) puedan exponer sus planes y planteamientos de reforma del Estado, lo que debe ser aprovechado como parte del juego democrático. Como dice el refrán, “a la oportunidad la pintan calva”.
Fuente: La República – OPINIÓN
Fecha: Miércoles 7 de febrero de 2007
