Ricardo Morales Basadre, Miembro del consejo Nacional de Educación.
El cambio de gobierno abre, para quienes trabajamos en la educación, la incertidumbre y la preocupación por saber si habrá continuidad o ruptura. La proximidad de un nuevo quinquenio gubernamental renueva, entre maestros y padres de familia, una justificada inquietud por lo que puede suceder.
Mirando hacia el pasado, hay quienes opinan que en educación las alternancias de gobierno han provocado costosas discontinuidades, mientras que otros sostienen que no ha habido pérdidas ni manejos arbitrarios de política educativa.
Es necesario definir en la política educativa el ámbito de lo que cada gobierno quinquenal puede cambiar y de lo que debe gozar de una mayor permanencia. En la actual situación cada nueva administración parece tener manos libres para modificar a su mejor parecer instituciones, contenidos, condiciones y concepciones de las tareas educativas sin más límite que la Constitución y la Ley General de Educación. Aun más, parece que cada gobierno se siente obligado a realizar cambios drásticos, sin tomar en cuenta que el país sigue siendo el mismo; que la educación de un niño dura ciertamente más de cinco años y requiere continuidad en los aspectos básicos y que la asimilación de las innovaciones demanda determinados tiempos.
En el orden educativo, pienso que deberían distinguirse asuntos que por su naturaleza conviene que sean cambiados por el Ejecutivo, de otros que requieren mayor continuidad, en bien de la educación misma. Estos últimos deberían estar protegidos por leyes o por acuerdos, de las ansias de novillero de cada gobierno.
Esto no es abogar por la inmutabilidad, sino proponer que la libertad del Ejecutivo, casi omnímoda, se sujete a algunos controles de la sociedad, en áreas bien determinadas que convenga proteger. Esos controles deben llevarse a cabo con la intervención del Congreso, de instituciones como el Acuerdo Nacional, el Consejo Nacional de Educación y algo que es necesario en asuntos de trascendencia para el país, por acuerdos multipartidarios.
Pongo cuatro ejemplos de asuntos, que, en principio, deberían ser protegidos por acuerdos y disposiciones legales; o, por lo menos, por acuerdos entre los partidos:
- La relación entre las regiones y el Gobierno Central en nuestra indefinida centralización en aspectos tales como el planeamiento, la evaluación, los presupuestos, la investigación y experimentación y otros. Son aspectos de la descentralización que no pueden depender de negociaciones y convenios anuales en los que, en la práctica, se está a merced del poder central.
- La asignación al sector Educación de los recursos necesarios para el desarrollo educativo, fijado por ley en relación a un porcentaje del PBI.
- La obligación de evaluar la calidad de la educación básica en todo el país, con referentes claros y resultados públicos. Me parece que es necesario que el Ejecutivo rinda cuentas anualmente acerca del estado de la educación pública.
- La obligación de aplicar políticas compensatorias orientadas a una mayor equidad en la distribución en los servicios educativos.
Son solo ejemplos, pues sin duda habrá otras cuestiones de importancia semejante, relacionadas con las concepciones pedagógicas fundamentales y la participación de diversos actores educativos.
Esta propuesta tiene especial actualidad si se atiende a las transformaciones que están ocurriendo en el aparato político. Parece que, lentamente, nos vamos apartando de la tradicional autocracia del poder ejecutivo a través de una composición más plural del congreso, de un mayor peso de los partidos políticos y de expresiones más efectivas del sentir de la sociedad civil. El equilibrio de poderes no se alcanzará automáticamente, sino a través de disposiciones legales y negociaciones que lo vayan haciendo realidad.
Es imprescindible garantizar una mayor estabilidad en ciertos asuntos, estableciendo reglas de juego que sean congruentes con la naturaleza de la educación, con el respeto que se debe a los niños y jóvenes que cursan sus estudios y con la continuidad del país, que, pese a todo, sobrevive a sus gobiernos.
Fuente: El Comercio – OPINIÓN
Fecha: Miércoles 19 de julio de 2006
