El debate sobre la reforma laboral ha puesto de manifiesto que la polarización de opiniones es un mal endémico en nuestra cultura política. La opinión pública aprecia que existen dos extremos aparentemente irreconciliables.
De un lado, hay quienes propugnan la eliminación de los llamados sobrecostos laborales (es decir, beneficios sociales), pues son los más altos de la región y desalientan la formalidad, encarecen el empleo e impiden hacer más competitivas a nuestras empresas.
Al otro lado aparecen quienes consideran que las remuneraciones de los trabajadores peruanos son las más bajas de la región y que los beneficios sociales son intocables. Se rechaza, entonces, cualquier discusión de reforma laboral.
La preocupación acerca de la flexibilidad laboral tiene un sustento. En la década pasada, el gobierno de Fujimori llevó a cabo una de los procesos más agresivos de desmontaje de la protección social al trabajo con la finalidad de fomentar el empleo. Más de diez años después se puede constatar que dichas políticas no tuvieron los resultados esperados, sino que el efecto fue totalmente el contrario. De este modo, cuando los trabajadores escuchan hablar de flexibilidad laboral, lo asocian con la amenaza de eliminación de derechos y beneficios.
Sin embargo, el derecho laboral está en constante evolución a la par del desarrollo económico y tecnológico; es decir, debe adecuarse a las necesidades de la protección pero estableciendo estándares de protección social orientados hacia un empleo digno. Pero estas políticas tienen un objetivo central: lograr mejores niveles de protección social y una mayor competitividad empresarial.
Según la teoría de la negociación, en caso de posiciones contrapuestas entre las partes, un mediador debe precisar los puntos de coincidencia a partir de los cuales se cimiente un acuerdo satisfactorio. Desde esta perspectiva, las partes sociales deben aceptar que el principal problema es la ausencia de empleo formal y digno, lo cual determina que un 75% de la población no cuente con sistemas de protección social adecuado. El objetivo es, entonces, generar un entorno social, legal, jurídico e institucional orientado para la generación de mejores condiciones de vida. Aceptado esto, debe considerarse que resulta imprescindible la inversión privada para la generación de empleo formal, pero en un entorno de estabilidad política e institucional.
Resulta entonces imprescindible una solución concertada entre el Estado, los trabajadores y los empleadores, esto es, un pacto social en materia laboral. Se debe asumir que no existe una fórmula mágica e inmediata para lograr los resultados esperados; es decir, que la informalidad y el desempleo van a persistir, pero el esfuerzo debe estar orientado a reducirla a los mínimos niveles posibles.
Ante las frases altisonantes y dardos estadísticos lanzados por una y otra parte, quizá la solución no aparece tan lejana, pues el Pacto de Mediano Plazo por la Inversión y el Empleo Digno aprobado por el Acuerdo Nacional contiene acuerdos orientados a la reducción de los sobrecostos y la generación de empleo digno. Canalizar este acuerdo requiere un Estado que ejerza liderazgo efectivo y encamine un debate serio sobre el tema, y no se caiga en la vieja costumbre política de meter los problemas debajo de la alfombra y que los resuelva el nuevo gobierno.
Javier Dolorier Torres
Laboralista
Fuente: El Comercio – OPINIÓN
Fecha: Sábado 29 de Enero de 2005
