Ningún país se construye en medio de disturbios y conflictos. Por ausencia o debilidad de su clase dirigente, el Perú ha sufrido los nocivos efectos de los enfrentamientos políticos, los ‘anti’ odiosos, la intolerancia ideológica, la discordia social y el egoísmo de los intereses personales.
El resultado ha sido un bajísimo nivel de institucionalización que impide el progreso. Corremos, sin embargo, el riesgo que en el 2006 continuemos con lo mismo: un Congreso fragmentado, una política recargada de acusaciones en un contexto de alta polarización y más conflictos sociales.
Es urgente establecer desde ahora el marco de la futura convivencia y procurar espacios de diálogo para prevenir el caos que puede producirse si la contienda electoral, con tantos candidatos y discursos, se centra en lo accesorio y divergente sin tentar acuerdos básicos para el período 2006-2011, especialmente en lo que se refiere al papel del Estado en la prevención y solución de los conflictos sociales y la generación de espacios de consenso que garanticen la gobernabilidad.
El diagnóstico social es claro. Las provincias se perciben ignoradas por un Estado cuyas principales funciones se concentran en las grandes urbes y que opera como una estructura orgánica que no tiene los recursos para sostener una relación inmediata con la población. Por deficiencia financiera y de la estructura productiva del país, ese Estado es incapaz de planificar sus servicios y ejecutar una estrategia de acción descentralizada que llegue a los territorios del conflicto social, que son los más pobres del país, y proveer de servicios básicos.
El peruano es un Estado que hasta ahora no logra administrar homogéneamente su vasto territorio ni dotarlo de infraestructura para el desarrollo. Sobredimensionado en Lima y orgánicamente inexistente en varias localidades del país, los conflictos sociales son la expresión del descontento por la inexistencia de un Estado nacional. Los pobladores suelen ver en el alcalde la concreción de ese Estado insuficiente, ajeno, remoto y en ocasiones arremeten contra él. En ese marco: ¿Qué proponen los políticos? ¿Podría ser el Acuerdo Nacional el espacio idóneo para que los partidos expongan respecto al papel que le toca jugar al Estado? Algunos demandan refundar el Estado para hacerlo más participativo, otros apelan a la reforma constitucional como un mecanismo para remodelarlo y darle una dimensión nacional, realmente descentralizado y democrático. Esto supone un proceso integral de transferencia del poder que puede tomar algunas décadas, pero vale comenzar lo más pronto posible, si es que siquiera para el 2021 queremos ser un país auténticamente descentralizado y con ciudadanos de primera en todos los confines del territorio nacional. Este debe ser el debate para el 2006, no solo perfeccionar los mecanismos de la representación sino democratizar el aparato estatal dándole injerencia a los ciudadanos y transfiriendo recursos que permitan realizar obras de infraestructura y generar servicios de salud y educación que, con el apoyo del Estado y la participación de la gente, redunden en la satisfacción de las necesidades básicas y en el reforzamiento del sistema democrático.
El Perú no ha construido un Estado incluyente. El salto cualitativo ocurrirá cuando se concrete una profunda reforma estatal, tema que hasta ahora ningún partido ha tomado como una tarea integral. La reforma del Estado no debe ser destinada a hacer de este una suma de entes eficientes, o como siempre ha sido, para sanear la caja fiscal; sino para aproximarlo al ciudadano y convertirlo en eficaz promotor del desarrollo.
Fuente: El Comercio – OPINIÓN
Fecha: Jueves 07 de Julio de 2005
