Cuando Jorge del Castillo anunció que el canciller José Antonio García Belaunde y el embajador Allan Wagner expondrían, ante el Acuerdo Nacional, la demanda ante la Corte de La Haya por la delimitación marítima con Chile, no faltaron quienes en el Congreso se sintieron afectados por la asistencia a un espacio distinto al que reúne a los congresistas electos, representativo de las fuerzas políticas. Discusión vana, pues el Acuerdo Nacional no está para competir con los poderes del Estado, está para complementarlos desde la buena voluntad y el interés nacional, y para abordar con espíritu de unidad y construcción los grandes temas que nos unen. La demanda ante La Haya es uno de ellos, pero también están, entre muchos otros, las 31 políticas de Estado fruto del debate plural y ponderado durante largos meses.
Madurez Cívica
Quienes quieren la defunción del Acuerdo Nacional se equivocan. Su existencia continúa siendo un privilegio y una muestra de madurez cívica y política. El que las distintas fuerzas políticas e instituciones de la sociedad, junto a las iglesias, colegios profesionales, universidades más un amplio etcétera, aborden en conjunto temas prioritarios, sigue siendo excepcional. El Acuerdo Nacional ha dado al país una visión de lo que queremos y de lo que es posible. Las políticas de estado permiten pactar la continuidad en el corto, mediano y largo plazos. Sus acuerdos no son vinculantes, lo sabemos, y tampoco es factible que cumpla con el seguimiento de sus políticas tan largamente debatidas. Pero ellas son letra y espíritu, referente permanente de lo deseable para diferenciarlo razonablemente de lo posible.
El Acuerdo Nacional está vigente, al punto que a fines de 2007 sus integrantes, junto a Max Hernández, su secretario técnico, evaluamos los cinco años de logros, dificultades, limitaciones y potencialidades, teniendo a la vista perspectivas en diversos escenarios. Cómo no estar orgullosos de la viabilidad del diálogo en democracia, de su consecuencia y proyección. Es cierto que compromisos y pactos no se han traducido en leyes y que la aplicación de las políticas de estado no se ven todavía en algo concreto. Pero no es el objetivo, para legislar está el Congreso, el Acuerdo está para consensuar planteamientos, y en ello ha sido pródigo y eficiente hasta para los más desinformados.
Lo cierto es que el Acuerdo Nacional es una institución propia con personalidad e inmensa utilidad, no siempre bien entendida por los más altos líderes de los partidos políticos, cuya presencia se ha dado sólo en los grandes momentos.
El Acuerdo Nacional no forma parte del Gobierno, su autonomía guarda relación directa con su eficacia y peso político y social. Como anexo gubernamental no valdría un centavo, pero como ente diferenciado y plural, independiente y pleno de autoridad ética es irreemplazable. Al consensuar impregna de legitimidad como ninguna otra institución política y social podría hacerlo. Por ello, su contundente unanimidad en el apoyo a la demanda en La Haya ha sido complementaria al vertido en el Congreso. La Nación debe armar la unidad desde distintos escenarios. Qué importante sería que una vez al año el Acuerdo sostuviera una sesión presidida por el Jefe del Estado en la que se evaluaran las políticas de Estado y el compromiso con los consensos adquiridos. Recordemos que en algún momento Alan García se presentó electoralmente como el presidente de la concertación.
Credencial Democrática
Pero no sólo el Gobierno Central, los gobiernos regionales demandan insistentemente un apoyo social y político a través de acuerdos regionales que deben darse entre los tres niveles de gobierno, los partidos y movimientos políticos y las organizaciones de la sociedad civil representativas de cada región. Ello respondería a la necesidad de planes concertados de desarrollo que derivan de la descentralización, pero también de los imperativos de una gestión regional y local que se apoye en consensos predeterminados. En el Año de las Cumbres, el Acuerdo Nacional es una credencial democrática y de entendimiento propia de la globalización que impulsa como nuevo paradigma el acercamiento a posiciones antes antagónicas y el descarte de los extremismos. El Acuerdo Nacional es un símbolo democrático. En su seno nos convocamos para pensar en el Perú por encima de nuestras legítimas diferencias. Felizmente, está vigente, se reúne y funciona. ¿Alguien podría pensar en dejarlo irresponsablemente en el camino?
Fuente: Suplemento “Variedades” – Diario El Peruano
Fecha: Lunes 21 de enero de 2008
