El escándalo en el Banco de Materiales ha puesto sobre el tapete la urgencia apremiante de rescatar, debatir y promulgar la ley de carrera pública.
El Gobierno no puede seguir colocando los intereses del país en manos de funcionarios corruptos o ineptos que se enquistan o rotan en la administración pública para usufructuar a su antojo del Estado, y que deben ser purgados.
En tal contexto es atendible el llamado que ha hecho al Congreso el presidente García para aprobar la ley de carrera pública. Ello implica retomar los proyectos sobre reforma del Estado, gestados en el gobierno pasado en el marco del Acuerdo Nacional, aunque entonces no se consolidaron por falta de voluntad política de las diferentes bancadas, incluyendo la aprista.
Debe ordenarse los sueldos de toda la administración pública (incluidos los congresistas), así como elaborar un nuevo escalafón estatal simplificado que evite los casos de nepotismo, clientelismo político, recomendaciones, tarjetazos o la reubicación y recontratación de personal con antecedentes cuestionables.
A ello podría sumarse mecanismos eficaces tanto para sancionar y depurar sumariamente a los ineptos y, por supuesto, a los sinvergüenzas, cuanto para premiar por mérito a los trabajadores dedicados y sobresalientes. Al efecto, es un hecho que los bajos niveles salariales constituyen una traba para atraer a personal calificado que asuma puestos de responsabilidad.
Formalizar la planilla del Estado es urgente. Permitiría no solo garantizar una gestión pública más eficiente y transparente, sino ir cambiando progresivamente la mentalidad de los burócratas que deben entender que el Estado está para servir al ciudadano y no para servirse de él.
Fuente: El Comercio – EDITORIAL
Fecha: Jueves 17 de abril de 2008
