Ingresamos a una nueva década que encuentra al Perú en pleno despegue económico y social. Aunque la conflictividad social se exaspere, como lógica consecuencia del crecimiento desigual, nuestro país avanza, como dice el eslogan oficial. Ello no significa ignorar que tiene por delante desafíos que deberá atender con solvencia y voluntad política de justicia social y redistribución equitativa de la riqueza.
Hay un cambio social y económico pendiente. Para realizarlo la madurez de las instituciones es un factor decisivo para que el crecimiento vaya a la par del desarrollo y de la lucha contra la pobreza y contra la corrupción. Grandes palabras que muchos prefieren ignorar para afirmar la impresión de que evadirse de la realidad facilita la vida y la inercia nacional.
La presente década culminará con los doscientos años de la República contados desde nuestra independencia, tiempo suficiente para que declaremos nuestra mayoría de edad, para que dejemos de ser el país adolescente que tan bien describió Luis Alberto Sánchez y asumamos nuestra responsabilidad sin inmadureces reflejadas en la prescindencia con que enfrentamos un futuro que no se construirá solo. Esta última década será decisiva para el mundo y también para el Perú pues estamos cerrando un ciclo y preparándonos para abrir otro.
El fracaso de la cumbre de Copenhague sobre cambio climático, ha puesto al descubierto un mundo deficitario de responsabilidad frente a la naturaleza que clama con catástrofes reiterativas pidiendo detener la depredación del capitalismo exacerbado y desregulado.
En el Perú comenzamos un año acertadamente llamado de la consolidación económica y social que requiere del aporte de todos los conductores y líderes políticos y sociales. Consolidar un nuevo orden demanda cumplimiento de reglas y fortalecimiento de instituciones.
Hace una década, el 26 de noviembre de 1999, en el Hotel Bolívar, las fuerzas democráticas, por entonces enfrentadas a la autocracia fujimorista, firmamos un Acuerdo de Gobernabilidad con el objetivo de acercarnos por encima de las diferencias y consagrar una sola visión democrática y patriota. Ese Acuerdo fue impulsado por un social demócrata visionario que lideraba el barco opositor y el diario La Republica, don Gustavo Mohme Llona, prematuramente desaparecido sin que hubiera logrado ver el retorno de la democracia ni el nacimiento del Acuerdo Nacional suscrito en el gobierno de Alejandro Toledo, hijo reconocido del Acuerdo de Gobernabilidad.
El Foro del Acuerdo Nacional, que cumplió la edad de la razón en el 2009, ha aportado al país un valiosísimo marco de políticas de Estado que no son vinculantes pues no han sido aprobadas por el Congreso. Dichas políticas surgieron de la armonización de criterios por los representantes de partidos y organizaciones sociales que alrededor de una mesa supieron colocar los intereses nacionales y sociales por encima de los partidarios y de grupo.
Sin embargo el Acuerdo Nacional parece declinar en la medida en que los grandes líderes políticos de los partidos que los suscribieron no le prestan atención ni recurren a él ni hacen acto de presencia en sus reuniones claves. Tampoco se empeñan en aplicar y cumplir las políticas de estado lo que nos retrotrae al punto cero de una concertación que vale en la medida de sus resultados tangibles. Un relanzamiento de este foro definitorio sería necesario para defender eficazmente los valores e intereses nacionales.
Porque la unión ciudadana en torno a objetivos nacionales tiene su propia dinámica, vigencia y exigencia si, y sólo si, es fuerte por su legitimidad. El Acuerdo Nacional no ha tenido protagonismo en este periodo difícil de una crisis cuyas secuelas de incertidumbre, desconfianza en el mercado, dudas sobre la globalización y exigencias de mayor presencia del Estado, todavía se temen.
Consolidar económica y socialmente al país implica recuperar, difundir y generalizar la idea de progreso que incorpore a los pobres y excluidos en los ámbitos, político, social, económico. Que todos nos sintamos activos en la definición del país que queremos desde los auténticos intereses y valores colectivos.
Ingresamos a una coyuntura electoral que no deberá afectar el proceso de crecimiento económico del país que ojalá pudiera repuntar, como se viene prediciendo, al 5% este año. Ello dependerá de que podamos afirmar la seguridad de que las condiciones no variarán con la elección de las nuevas autoridades y de que definamos como nación nuestros objetivos. Un buen paso en este sentido es el proyecto del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional 2010-2021, elaborado por el Centro Nacional de Planeamiento Estratégico, CEPLAN, que contiene las políticas para los próximos años que contribuirán al crecimiento y desarrollo del país. Uno de los objetivos es que hacia el 2021 el ingreso per cápita de los peruanos ascienda a siete mil 900 dólares anuales, otro es duplicar nuestro Producto Bruto Interno a 261 mil millones de dólares y reducir la pobreza de 36.2% a 13%. Pensar al país, ubicando políticas y metas cuantificables, califica el comportamiento racional de un país en el camino a su desarrollo.
Fuente: Semanario Variedades – Diario El Peruano
Fecha: Lunes 11 de enero de 2010
