Considerando necesario que el seguimiento se beneficie con un punto de vista independiente del Estado – siendo éste el encargado de la ejecución de las políticas -, la Secretaría Técnica invitó a expertos del sector privado a colaborar con ese proceso. Para ello se realizaron dos reuniones, el 22 de setiembre y el 2 de noviembre, en las que se establecieron los siguientes compromisos:
Revisar la selección de indicadores contenida en el informe de cada matriz, teniendo en cuenta el conjunto de indicadores de las matrices tal como figuran en la página web del Acuerdo Nacional.
- Proponer indicadores prioritarios, y sugerir eventualmente aquellos que correspondan más apropiadamente al espíritu de la política.
- Analizar los indicadores y la información consignada atendiendo a los criterios de comparabilidad, periodicidad, calidad y relevancia.
- Sugerir el mejor formato en función de un seguimiento periódico, con la orientación de que éste sirva para ir del consenso a la acción, promoviendo el compromiso de los actores asociados a cada política.
- Precisar las políticas a las que cada institución se compromete a hacer seguimiento.
- Realizar una labor posterior de difusión a escala nacional.
A raíz de ello, las organizaciones hicieron llegar sus aportes en relación a las políticas que figuran entre paréntesis: Transparencia (2), el Consorcio de Investigación Económico Social – CIES (10, 11); el Centro de Información y Educación para la Prevención del Abuso de Drogas – CEDRO (27); el Instituto de Defensa Legal – IDL (9, 25); la Mesa de Concertación para la Lucha Contra la Pobreza (15); el Centro Peruano de Estudios Sociales – CEPES (23). El CNE lo había hecho anteriormente, a solicitud de la Secretaría Técnica. Participaron también en el Foro Educativo, Proética, el Grupo de Análisis para el Desarrollo – GRADE, el Grupo Propuesta Ciudadana, Foro Salud y el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia – UNICEF.
